Cuando las administraciones públicas (AAPP) incorporan en sus consumos y procedimientos de contratación criterios que van más allá de la calidad y precio como es el menor impacto ambiental, el fomento de la equidad social o la garantía de condiciones laborales dignas, decimos que  han iniciado un proceso de Compra Pública Responsable o Sostenible.

Al igual que el concepto de desarrollo sostenible se basa en tres pilares (crecimiento económico, desarrollo social y protección medioambiental), la Compra Pública Responsable o Sostenible integra 3 dimensiones principales:

• Compra Verde: hace referencia a la minimización de impactos ambientales a través de la reducción de la producción de residuos, reducción del consumo de recursos, utilización de alternativas realizadas con productos monomateriales o reciclados o que provengan de recursos renovables gestionados de forma sostenible.

• Compra Social: fomento de la inserción sociolaboral de personas en riesgo de exclusión, fomento de la calidad y estabilidad en el empleo y cumplimiento de la legislación relativa a no discriminación, igualdad de oportunidades, accesibilidad y prevención de riesgos laborales. Apoyo a la economía social.

• Compra Ética: garantía de condiciones laborales dignas en toda la cadena de producción y suministro, especialmente en los casos de subcontratación y deslocalización en países en vías de desarrollo. Apoyo a las alternativas de Comercio Justo.

La Compra Ética es un tipo de Compra Social centrada en los impactos provocados por la contratación de productos y servicios en países (generalmente del Sur) donde existe mayor riesgo de vulneración de derechos laborales. El objetivo es asegurar la trazabilidad social de los productos consumidos por la administración y una mayor coherencia entre las políticas de la administración y sus hábitos de consumo.