Los criterios que rigen la contratación pública han evolucionado desde un criterio basado exclusivamente en la objetividad y la rentabilidad económica a una perspectiva que incorpora aspectos sociales y ambientales como elementos a tener en cuenta en la valoración de una oferta.

La incorporación de dichos elementos ha de realizarse respetando los principios básicos que rigen la contratación administrativa de ahí que sea esencial un conocimiento profundo tanto de las Directivas europeas como de las leyes estatales y regionales que regulan esta materia.